En el ámbito de la protección infantil, se espera que el Congreso otorgue a los padres un mayor control sobre las plataformas de IA e introduzca mecanismos de verificación de edad. Al mismo tiempo, los consumidores de electricidad no deberían asumir el coste de los nuevos centros de datos de IA, mientras que los procesos de autorización para la infraestructura de IA deberán acelerarse.

En materia de derechos de autor, la administración pretende dejar en manos de los tribunales la cuestión de si el entrenamiento de IA con contenido protegido está permitido. En lugar de crear una nueva autoridad reguladora específica para la IA, el gobierno planea apoyarse en los reguladores ya existentes y en los estándares de la industria. Además, los programas educativos y las iniciativas de formación de la fuerza laboral deberán adaptarse al creciente papel de la IA.

El marco también propone prohibir la censura política por parte de sistemas de IA cuando sea ejercida por actores gubernamentales. Esta medida se interpreta ampliamente como una respuesta a las preocupaciones en torno a la llamada “IA woke”, es decir, sistemas percibidos como políticamente sesgados o desalineados con ciertos puntos de vista.

Uno de los elementos más controvertidos es la propuesta de que las normas federales sobre IA prevalezcan sobre la legislación estatal. Los críticos advierten de que esto podría debilitar la protección del consumidor y los derechos federales, ya que los estados individuales perderían influencia regulatoria. Mientras tanto, grandes empresas tecnológicas como Google y OpenAI han respaldado normas federales unificadas, argumentando que favorecerían la innovación. Desde su llegada al cargo, Donald Trump ha impulsado este tipo de legislación, aunque hasta ahora no ha logrado su aprobación.